La facilidad con que los narcotraficantes logran escapar, la complicidad de agentes de seguridad y la ausencia de controles efectivos para enfrentar este crimen, parecen revalidar la percepción de que la sociedad dominicana podría sucumbir ante este mal.
La última voz de alerta se escuchó en boca del director del Departamento de Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República, Germán Miranda Villalona.
Este miembro del Ministerio Público ha dicho que han huido narcotraficantes porque tienen protección entre los organismos de inteligencia y seguridad del Estado.
La denuncia de Miranda Villalona por el derrotero de la lucha antinarcótica, se producen justo cuando la sociedad exige mayor dureza y sinceridad de los organismos responsables de esa tarea.
Para muchos, resulta inconcebible que durante años algunos narcotraficantes con orden de captura internacional hayan hecho vida pública y establecieran negocios en el país, y luego lograran escabullirse sin estorbos a la vista.
Dos de estos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero, que se movían sin problemas y que hicieron relaciones con agentes de los cuerpos armados e investigativos, fueron el prófugo puertorriqueño José Figueroa Agosto y el español Ricardo Díaz Conde.
Del primero, no se sabe si está dentro o fuera de República Dominicana, porque las autoridades responsables de reapresarlo y someterlo nuevamente a la justicia no saben qué explicación convincente dar a la opinión pública nacional.
Díaz Conde está acusado de ser parte de una red mafiosa conformada por falsos inversionistas inmobiliarios ligados al narcotráfico. Sobre él, pesa una orden de captura emitida por el juez español Baltasar Garzón, para que cumpla dos condenas por narcotráfico, una por traficar 40 kilos de cocaína.
Y aunque se buscan por haber estafado al sistema de seguridad social de los Estados Unidos (Medicare) con 110 millones de dólares, también se ignora cómo fue posible que los hermanos cubanos Oscar, Luis, Carlos y José Benítez vivieran y negociaran por años en el Este del país, y después salieran como si nada sin ser presuntamente avistados por los cuerpos de inteligencia y seguridad nacional.
La denuncia del asesor del Ejecutivo en materia de drogas y presidente de la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción, Marino Vinicio Castillo (Vincho), de que el 30% de los entonces aspirantes a cargos electivos están vinculados al narcotráfico, es otro parámetro para medir el nivel de fuerza alcanzado por el narcotráfico aquí.
El dato causó estragos en la clase política, pero nadie pudo desmentirlo.
Hay peligro de que surja la “narcopolítica”.
Pero además, las drogas están destruyendo familias y el denominado microtráfico causa muertes a diario en actos delictivos. Una porción de droga se entrega a domicilio tan fácil como un galón de agua. A esos niveles hemos llegado.
Vaticinan un futuro desafiante e incierto para combate antidrogas
Para el diputado Pelegrín Castillo, una limitante que tiene el combate a las drogas es que Estados Unidos está centrado en evitar que el terrorismo utilice el narcotráfico para sus acciones, más que cortar rutas de trasiego en el Caribe.
Además, cree que hay antecedentes de instrumentalización de la lucha contra el narcotráfico para hacer avanzar intereses de otras agendas de Washington, regionales o insulares.
Puso como ejemplo, que de 356 operaciones de vuelo del narcotráfico detectadas en el Caribe entre el 2005 y el 2009, Estados Unidos solo dio apoyo en 19 casos, y solo en 10 con sus helicópteros.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) apunta que la vinculación del narcotráfico en estamentos oficiales reviste carácter de urgencia.
“Si esta visión se generaliza, la sociedad dominicana corre el riesgo de que el caos y el temor generalizado nos dominen, con el consiguiente daño para todos los sectores nacionales”, advierte.
El especialista en seguridad pública, Daniel Pou, sostiene que todavía el Gobierno tiene posibilidades de reivindicar su flaqueza ante el narcotráfico.
“Creo que hay una luz al final del camino. El narcotráfico es un delito de última generación y la sociedad deberá erigirse para reclamar que se asuma con autenticidad, seriedad e integridad este delito”.
Dos peligros: consumo y pago
La cantidad de drogas cada vez más presentes en los barrios capitalinos y pueblos del interior, y la modalidad de pagar con estupefacientes los trabajos encargados por narcotraficantes, alimentan igualmente el temor de que las autoridades vean debilitados sus esfuerzos.
Fuente: elcaribe.com
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