Entre la eficiencia administrativa y la crisis política
El reciente acto de rendición de cuentas en el municipio de Jimaní, encabezado por el alcalde Laureano Santana, dejó más preguntas que respuestas. Lo que debía ser un ejercicio democrático de transparencia y diálogo institucional terminó evidenciando una fractura política cada vez más visible dentro del cabildo.
No es un secreto que las relaciones entre el ejecutivo municipal y los cinco regidores han venido deteriorándose desde hace tiempo. Sin embargo, lo ocurrido durante este acto marca un punto crítico: regidores vestidos de negro en señal de protesta, abandono del salón de sesiones y una evidente falta de disposición al diálogo. Son señales que no pueden pasarse por alto.
Entre los protagonistas de este distanciamiento figuran los ediles José E. Matos, Yenni Méndez, Lidia Moquete, Wilver Matos y José Novas, quienes junto a representantes del Partido Popular Cristiano (PPC) y el Partido Cívico Renovador (PCR), optaron por retirarse del acto tras la escogencia del bufete directivo de la sala capitular.
A esta situación se suma la actitud de la vicealcaldesa Flabia Gonzales y la encargada provincial de Frontera, Ela Ramírez, quienes también abandonaron el lugar antes de que iniciara la rendición de cuentas. El mensaje es claro: no hay disposición, al menos de ese lado, para escuchar al alcalde.
Ahora bien, ¿Cuál es el fondo del problema?
Según versiones que circulan en el ámbito político local, no se trata necesariamente de cuestionamientos a la transparencia en el manejo de los recursos públicos. De hecho, el alcalde Santana —conocido popularmente como “Laú”— ha logrado posicionarse como un administrador prudente, manteniendo bajo control el gasto corriente y ejecutando obras con recursos limitados. Incluso, se destaca el reducido consumo de combustible en el cabildo como reflejo de una gestión austera.
Pero la política no solo se mide en números.
El conflicto parece girar en torno a la participación. Los regidores, como representantes de la comunidad, reclaman mayor incidencia en la toma de decisiones. Y ahí podría estar el punto de quiebre: una gestión que, aunque eficiente en lo administrativo, podría estar siendo percibida como cerrada en lo político.
Además, hay quienes señalan que el alcalde proyecta su liderazgo más allá de los límites del municipio, lo que podría generar tensiones internas con actores que también buscan espacios de protagonismo.
Lo ocurrido en Jimaní no es un caso aislado en la política municipal dominicana. Es un recordatorio de que la gobernabilidad local requiere más que eficiencia: necesita diálogo, inclusión y equilibrio de poder.
Porque al final, cuando las diferencias políticas se imponen sobre el interés colectivo, quien realmente pierde es el pueblo.
La pregunta sigue abierta:
¿habrá voluntad de ambas partes para reencontrarse en el terreno del consenso, o estamos ante una crisis que apenas comienza?
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