Por Yassir Feliz
San Juan vive una realidad que no se puede maquillar. A pesar de su tradición agrícola, sigue siendo una de las provincias más rezagadas del país. El llamado “Granero del Sur” hoy refleja más nostalgia que presente: producción debilitada, poca infraestructura y una economía con escasa diversificación.
La crisis del agua y la deforestación agravan el panorama, mientras la falta de empresas de escala limita el empleo formal. En ese contexto, la minería, y en particular el proyecto Romero, entra al debate como una posibilidad, pero también como una fuente de temor.
Ese miedo no es irracional. Viene de años de desinformación, discursos emocionales y desconfianza en cómo se manejan los recursos. Muchas comunidades sienten que, donde ha habido minería, los beneficios no siempre llegan de forma justa.
Sin embargo, tampoco se puede ignorar la experiencia de Cotuí con Barrick Pueblo Viejo. Con sus luces y sombras, ha generado empleos, actividad económica y aportes fiscales relevantes. Negar eso sería tan simplista como ignorar los riesgos.
La discusión no debe ser “minería sí o no” a ciegas. Debe ser bajo qué condiciones. Una minería responsable (con controles ambientales reales, transparencia y beneficios tangibles para la gente) podría representar una oportunidad para San Juan.
La provincia necesita dar un salto. Y ese salto requiere decisiones con cabeza fría, sin fanatismo y con un objetivo claro: que el desarrollo, por fin, le llegue a su gente.
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